Es indiscutible que México, al igual que muchas regiones y países en el mundo, inicia su camino por una de las crisis económicas más severas jamás registradas. Aún naciones que gozan de sólidas economías emergentes como Singapur y China empiezan a resentir la oleada financiera. La mayoría de estados de la llamada Unión Europea (UE) ya presentaron sus respectivos planes para estabilidad económica.

Todos buscan, sino una salida, sí un paliativo para poder sobrepasar esta debacle. Buscar culpables a estas alturas del partido podría resultar ocioso, no obstante, es seguro que existan casos que debieran ser revisados, incluyendo aquellos donde los líderes, empresarios y directores ejecutivos salieron airosos –con varios miles de millones bajo el brazo- de actividades de especulación, las cuales afectaron el bolsillo y patrimonio de millones de clientes, usuarios y personas. Baste decir que aquí en México las principales compañías que impulsan las acciones en la Bolsa Mexicana deValores (BMV) jugaron con las reservas del Banco de México (Banxico). Capital destinado a confrontar una posible depreciación del mercado, en cualesquiera de sus aristas. Sin embargo, ese dinero “se fue” en tratar de llenar los “agujeros” dejados por la deuda contraída por dichas empresas. Las cuales, sin dejar de lado su posición “prepotente” en el mercado local, han medrado contra el bolsillo de muchos mexicanos, pero convenientemente excluyendo los suyos.

Y no es que sorprenda una acción como la anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Agustín Carstens, sino que sin duda provoca no sólo escepticismo sobre la capacidad del gobierno federal por solucionar el grave problema que se presenta, sino de su voluntad política y/o su margen de maniobra contra la impunidad de ciertos personajes. La situación es que Carstens indicó que la especulación de ninguna manera es una actividad delictiva –como sucede en los países de primer mundo-, al contrario es un condición normal sobre la que operan las más diversas firmas internacionales. Y eso puede ser cierto, pero no deja de ser una premisa que provoca no únicamente molestia, sino que produce miseria en la una población, ya enormemente vapuleada por las condiciones y determinaciones ajenas a las comunidades en las cuales se aprecia más la desigualdad social, cultural y económica. Sí, suena a obviedad, pero deberían ser castigados aquellos que en realidad lo merecen.

Tristemente, continúan las mismas condiciones sobre las que venía operando el supuesto dinosaurio difunto conocido en antaño como el partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), empobrecimiento, cinismo e impunidad a favor de los delincuentes de “cuello blanco”. No resulta, extraño pues, que el secretario de HCP revele que no hay crimen, dejando un resquicio importante respecto a la ley que existe referente a la protección a favor de los inversionistas, quienes debieron ser informados sobre estas actividades. Traducción: “Si y sólo si” existe un delito en este caso particular, si los empresarios o apoderados legales de estas instituciones no informaron oportunamente a sus inversores acerca de sus intenciones para destinar ciertos capitales hacia “productos derivados”, a fin de subsanar los gastos ocasionados por el monto de deudas contraídas sobre la moneda mexicana con anterioridad.

Mientras el caos y suspicacia que el asunto genera, redondean los ángulos que habrán de afectar “la pobreza patrimonial” de millones de mexicanos, las cosas en general “no pintan bien” para el resto de los menos afortunados, quienes seguramente, ni siquiera poseen alguna mención en la lista de la revista Forbes, la cual me imagino, deja únicamente fuera a “unos cuantos”.

Por otro lado, y pecando de lúdico, resultaría extremadamente provechoso inducir una drástica reducción de salarios a los altos mandos de esta nación, retribuciones económicas que francamente resultan onerosas para el pueblo en un periodo catastrófico como el que se aproxima. Los dispendios que gozan líderes sindicales, jueces y burocracia en general, provocarán -en el mediano plazo- una serie de cuestionamientos, apartidistas sin duda, sobre el destino de miles de millones de pesos, los cuales en el menor de los casos, solamente sirven para viáticos (el escándalo de las Hummers). Un verdadero saneamiento y la imposición de un presupuesto frugal/espartano en este renglón, propiciaría un salto de legitimidad para el des-configurado gobierno federal. Sería una victoria simbólica –no pírrica-, un “rebasar por la izquierda”, una muestra real de que existen ganas, patriotismo y fidelidad, sumado a la concreción de una promesa hecha por Felipe Calderón cuando fue aspirante a la presidencia en 2006. Los ciudadanos sentirían y definirían condiciones propicias para el desarrollo de este periodo gubernamental.

Una cosa es clara: se ganaría en credibilidad lo que se perdería en retribución económica. Sin embargo, no creo que la administración pública sea capaz de exigir nada, de convencer, pues los convenios, concertasesiones, prebendas y clientelismos son un lastre mayor, y se necesitaría algo más que únicamente la voluntad de una persona o un puñado de individuos para avanzar en un asunto como éste.

Por otro lado, resultan siniestros por decir lo menos, los rumores que indican la posible imposición de un estado de emergencia (¿sitio?) en todo el país, y no es porque no se necesite, al contrario, creo que sería justificable, aunque no deseable, sin duda. No obstante, ¿Por qué no se implementó a la luz de sucesos trágicos como el asesinato del niño Fernando Martí? ¿Por qué no se impuso cuando se observó que la delincuencia estaba incontrolable? ¿Por qué no se instaló en ciertas poblaciones, como Ciudad Juárez, a la vista de cruentos homicidios contra la población civil? ¿Por qué no se instauró al momento mismo de registrarse los dramáticos sucesos en la ciudad de Morelia en el estado de Michoacán? ¿Por qué precisamente ahora, cuando el movimiento magisterial en el país se encuentra en pleno? ¿Por qué “pretenderse” implementarse ahora que la población se manifiesta? ¿No es estúpido tratar de ganar tiempo o legitimidad agrediendo a ciudadanos comunes y corrientes, cuando al mismo tiempo se deja que los maleantes “hagan su agosto”? ¿No es demencial?

Que el gobierno use el monopolio de la violencia no es inconstitucional, pero sí es irremediablemente obtuso usarla por las razones equivocadas.